En mayor o menor medida, es un asunto que alcanza a todos y se expresa de múltiples maneras: desde la violencia dentro o fuera de un espectáculo deportivo como hemos visto recientemente; el fenómeno expresado a través de los delitos contra la propiedad y contra las personas o la violencia que se manifiesta en el ámbito privado.

Indudablemente estamos ante un hecho que teniendo múltiples vía de escape, presenta una multicausalidad extremadamente compleja que debe ser atendida. Uno de los problemas que sin dudas debe ser encarado es el del tratamiento adecuado de los individuos que están privados de la libertad. El éxito en esa dimensión del problema es clave para cortar el ciclo delictivo. Este gobierno ha intentado poner en práctica algunas iniciativas en ese sentido pero, visto la evolución que ha tenido el fenómeno en los últimos años, parece no haber alcanzado el éxito esperado.

Allí hay un elemento clave que es la institución encargada de la atención de las personas recluidas: nos referimos a la Policía. Más allá de las dificultades puntuales derivadas de la superpoblación y otros factores que no son responsabilidad de la institución policial, es casi un consenso que la Policía está saturada de funciones y que no está suficientemente preparada para atender en forma adecuada a las personas recluidas. Es justo decirlo, en su reciente visita a San José, la ministra del Interior Daisy Tourné abordó el tema y defendió la necesidad de transferir esa función a otro organismo. Muchas veces se ha hablado que esa debería ser una facultad natural del Ministerio de Educación y Cultura pero también se ha propuesto la creación de un Ministerio de Justicia, como existen en otros países que se pueda encargar del asunto.

Aquí no tenemos la solución pero sí nos parece plausible que el tema se debata, reconociendo que se trata de un asunto clave para atacar el problema de la seguridad asignando una función social que es extremadamente importante a un instituto preparado exclusivamente para atender la reeducación y la reinserción social del recluso, permitiendo a su vez que la Policía pueda concentrarse más en sus funciones específicas de seguridad pública. Es un tema que el próximo gobierno deberá abordar con determinación.