Los jerarcas policiales deben ser los primeros custodios de la gestión de sus subalternos y celosos guardianes de un estrecho vínculo con la población, además de acercarse a la propia fuerza policial independientemente del natural contacto con su cuerpo de oficiales. Las autoridades policiales deben apartarse de los discursos de balance de gestión públicos– que por natural deformación siempre considerarán las “ganadas” y no las “perdidas” – y preocuparse seriamente en atender aquellas desviaciones o distracciones en el cumplimiento de la función de la institución. Si esos desvíos no son atendidos se corre el peligroso riesgo que la delincuencia – siempre atenta y activa – gane terreno en nuevas formas, incluso hasta fomentando la corruptela dentro de la propia estructura policial. Policías desviados, jerarcas distraídos y delincuencia atenta son una peligrosa combinación que pone en jaque a la población. En estos días cambiará el gobierno nacional, provocando la natural sustitución de jerarquías a todos los niveles, y para el caso que nos ocupa, específicamente un cambio de autoridades policiales en las jefaturas de policía. La situación en el departamento de San José, es preocupante en lo que respecta al funcionamiento de la policía. Hay situaciones irregulares que son vox populi que involucran a las dos reparticiones más importantes dentro de departamento: Seccional Primera de la principal concentración urbana del departamento y Dirección de Investigaciones con sede, también, en la capital departamental. Al frente de estas reparticiones hay dos comisarios A ambos los une, no solo una competencia acérrima por “laureles” que es hartamente comentada en filas policiales, sino que en los últimos meses se sumó una nueva competencia entre ellos, pero en el terreno empresarial privado. Ambos se han vinculado a empresas que brindan servicios de vigilancia y seguridad privados, aunque no figuren formalmente en esas empresas, es archisabido y fácil de comprobar, el protagonismo que ambos tienen en estas nuevas empresas. Llama la atención que las jerarquías policiales de San José no hayan tomado medidas internas al enterarse la vinculación de sus dos jefes ( de la seccional primera y de Investigaciones) a servicios de seguridad, custodia vigilancia y hasta de investigación, privados. El funcionamiento de estas empresas requiere la firma autorizante del jefe de Policía y el Director de Investigaciones, un detalle no menor. La Ley Orgánica Policial marca las obligaciones de los efectivos pero también hay inhibiciones. Resulta ilógico que los encargados de las dos principales dependencias policiales tengan funciones similares en el ambiente privado, y hasta gestionen nuevos clientes, cuando deberían estar exclusivamente para su cargo público y no desviarse. Es tan ilógico como que un funcionario de la banca pública trabajase en una casa privada de cambio de divisas; o como que un juez letrado, mantuviera su estudio jurídico particular como abogado. Funcionarios que con el simple manejo de información y recursos públicos, naturalmente, pueden verse beneficiados en la actividad privada. Es por eso que la normativa regula y restringe la coexistencia en determinados ambientes, de lo público con lo privado. Pero hay situaciones de mayor gravedad que se han constatado en los últimos meses: reuniones de jerarca policial con autoridades públicas locales o empresarios, ofreciendo el servicio de seguridad privada. También se detectó un cierto grado de complementariedad entre la oferta privada con la disposición de recursos públicos. Es un terreno escabroso, que cohíbe la denuncia de unos y reprime la queja de otros. Difícilmente alguien ponga su rostro públicamente para denunciar esta situación que es sobradamente comentada en distintos niveles. Allí cabe una pregunta: ¿por qué nadie denuncia si todo el mundo lo comenta?. Sería bueno que ambientes oficiales realizaran una exhaustiva investigación al respecto. Sería bueno que las autoridades ministeriales revisaran las planillas de trabajadores de estas nuevas empresas; quizá sería una sorpresa descubrir que varios de sus “empleados” son agentes policiales actualmente en actividad, dependientes de las propias reparticiones que dirigen estos jerarcas. La conjunción de la función pública con la privada, en demasiadas oportunidades va en detrimento de la propia población. Es tan simple como preguntarse ¿es posible que un equipo de guardias privados desarrolle actividades de investigación – como se ha promocionado en estas últimas semanas - cuando son las mismas personas que se desempeñan como funcionarios públicos para idéntica tarea?. En lo privado el fin es el lucro, es un negocio; en lo público, es el servicio por el cual reciben un salario, diversos beneficios y hasta ostentan varios privilegios como “servidores públicos”. Uno de ellos es el beneficio del “ficto casa” que debería ser total y absolutamente revisado en el caso de San José. En algunos casos esta bonificación que reciben algunos policías alcanza al 30% de incremento en el salario y hay ejemplos donde su aplicación no es real. Estas son solo puntas de un gigantesco iceberg que debe ser revisado; para ello resulta fundamental poner oreja en la población y en el personal subalterno, conocedor al detalle de estas situaciones. Esa será una tarea que deberá encarar el nuevo comando. Pero hay más preguntas que respuestas a la situación irregular que se registra. Se constató que varios policías, indignados con esta doble función, prefieren mantener silencio, por temor a recibir represalias en el ambiente jerárquico institucional. Tampoco faltaron, en la recopilación de información para elaborar el presente artículo, aquellas advertencias bienintencionadas de “no meterse” con esos temas. Indudablemente es una situación de extrema anomalía en el ambiente policial local. Cabe destacar además, que cualquier oficial conoce y reconoce la incompatibilidad de estas funciones que al menos en San José se desarrollan con total soltura. A pesar del hermetismo – que ojalá se quiebre definitivamente- esa es la realidad que existe detrás de empresas y empresarios en materia de seguridad. Innumerables fuentes, de diversos ámbitos, facilitaron información respecto a esta situación pero prefirieron ser mantenidos en reserva.