Los ediles en cuestión son cercanos a Chiruchi

Un dato relevante de esta intrincada situación que fue calificada como “un error grave” en el procedimiento de la Junta es que tanto Bares como Badano, había presentado una nota solicitando licencia especial y explicando la situación. Esas notas jamás fueron leídas en el Plenario como correspondería y como efectivamente se hizo para otras notas ingresadas. Ayer Primera Hora contactó a los dos dirigentes – ediles electos - que fueron “rechazados” en la Junta. Carlos Badano dijo que presentó la nota pidiendo licencia y que jamás recibió notificación o respuesta por la solicitud planteada. Bares también presentó nota con similar contenido. “No me han clarificado nada, yo no juré como edil” dijo Badano en contacto telefónico con Primera Hora. Bares por su parte dijo: “Estoy asesorándome con abogados, a mi nadie me notificó sobre el pedido de licencia; se tomó una decisión sin notificación. Acá hay un error”. El malestar por el procedimiento era evidente en los dos dirigentes. Badano por ejemplo se preguntó: ¿Y si yo el lunes me presentó a jubilarme?. Fuentes cercanas a toda esta polémica señalan que el ahora ex edil Alexis Bonnahon habría sugerido a la funcionaria encargada de dar lectura a asuntos entrados que no incluyera los pedidos de licencia. Esta información es manejada en ambientes cercanos a los ediles electos afectados. En la noche de esa sesión, Bonnahon estuvo muy activo en las instalaciones de la Junta. Además días antes, Primera Hora recibió la versión de Bonnahon que existía “jurisprudencia por un caso similar registrado en la Junta de Canelones”. Bonnahon entendía que era posible aprobar la licencia solicitada, fundamentándose en ese supuesto caso canario. Según se da como un hecho en el ambiente político, Bonnahon será el Secretario Político que designaría Falero para la Junta. Algunos dirigentes del propio Partido Nacional, en las últimas horas, admiten sus dudas respecto a acompañar esa eventual iniciativa. Ayer se realizaban consultas a nivel de abogados constitucionalistas para definir los pasos que darán los dos ediles electos afectados por el rechazo de la Junta. Según indicaron fuentes políticas, algunos argumentos legales indican que la Junta Departamental, no tiene potestades para “destituir” a un edil. “Se debió buscar, necesariamente, asesoramiento en el ambiente correspondiente, la Corte Electoral, que es quién proclama los ediles” señaló una fuente política. Otro actor opinó: “La Junta tendría que haber leído en el Plenario las solicitudes de licencia, y en caso de entender que no correspondía, notificar a los ediles electos, para que ellos decidieran como resolver la incompatibilidad. ¿Capaz que al enterarse que no se le aprobaba la licencia, decidían renunciar a la Intendencia?” . La situación ha generado acentuada incomodidad en el ambiente político. En medio de toda esta polémica, la situación interna del Partido Nacional queda seriamente resentida. Se espera que haya coletazos según advierten dirigentes nacionalistas y que esas reacciones podrán ser visibles en breve.

Antecedente: Escándalo por incompatibilidades en la Junta

La incompatibilidad que se esgrimió en este caso se fundamenta en los artículos 290, 291 y 292 de la Constitución. La Junta Departamental de San José no tiene buenas experiencias cuando ha recurrido a estos artículos. En octubre del 2002 se desató un verdadero escándalo cuando Bonnahon evitó que se investigara su presunta vinculación con la empresa Lifenar del cuestionado – detenido y hoy prófugo - empresario Massimiliano Ciancciota. Bonnahon, en la sesión donde se votaría la investigación de su caso, desplegó una cuestionada estrategia: denunció a siete ediles por violar los artículos 290 y 291 de la Constitución. Al día siguiente, dos ediles tomaron la decisión de renunciar, por la forma en que se había desvirtuado la polémica inicial. Adriana Echegoimberri y Juan Carlos Barreto decidieron renunciar a la Junta ya que fueron denunciados por Bonnahon en su estrategia de defensa. Echegoimberri por suministrar supergas de la empresa familiar al gobierno departamental y Barreto por haber realizado trabajos de diseño para la Intendencia. El escándalo fue mayúsculo y en pocos días ya era 17 los ediles sospechados. Se formó una comisión especial que recomendó investigar a 14 ediles. El tiempo pasó y todo quedó en nada. Nadie se vio obligado a retirarse de la Junta por las incompatibilidades denunciadas.