El diputado, que también mencionó las dudas que existen sobre la constitucionalidad del proyecto de ley, se centró en aspectos técnico-prácticos que implicaría la modificación. Los cambios en el sistema previsional repercutirían negativamente en las empresas unipersonales. Cersósimo manejó datos de especialistas: “El 25% de las empresas unipersonales prestan actividades profesionales, científicas y técnicas. (…) diversas actividades (informática, transportistas, etc.) son requeridas por múltiples empresas contratantes (…) Más del 70% de los contratos presentados en BPS son observados por el organismo.- Desde el 2008 a la fecha, más del 50% de las sentencias del Tribunal de Cuentas revocan los actos administrativos que concluyen la existencia de relaciones de trabajo encubiertas". Según Cersósimo la normativa existente procura “dar certeza a las relaciones con un instrumento fundamental para el dinamismo de la economía, teniendo en cuenta que las pequeñas y medianas empresas son el factor clave del vigor y el desarrollo de un país”. El proyecto de ley presentado al Parlamento, elimina el artículo que hace referencia a las relaciones de dependencias encubiertas. Según el diputado su derogación deja “que las relaciones con empresas unipersonales se rijan pura y simplemente por los artículos de la ley correspondientes a trabajo independiente, con o sin empleados”. De concretarse la iniciativa que cuestiona Cersósimo, esta situación permitiría que el BPS “en cualquier supuesto considerar que la relación con la empresa unipersonal es de dependencia y reliquidar obligaciones por contribuciones de seguridad social hacia el pasado, con el límite de la prescripción, naturalmente, de 5 y extensible a 10 años (…) Es decir que hay 170.000 empresas unipersonales, emprendimientos unipersonales que quedan sujetos a este criterio” dijo el diputado.. El legislador también se fundamentó en un informe elaborado por el Instituto de Finanzas Públicas de la Universidad. Cersósimo indicó que se comete “un grave error de política legislativa” que “acentúa la inseguridad”. En definitiva se advierte que al aplicarse este proyecto de ley se afectaría la situación de las empresas unipersonales que existen al día de hoy. Se cuestiona además que otro efecto sería el desconocimiento a los estímulos para las pequeñas y medianas empresas. Esta modificación “se erige sobre el preconcepto de que todas las empresas unipersonales son sospechosas y encubren una relación de dependencia” advirtió. Cersósimo agregó: “Puede reconocerse que los elementos fácticos asumidos por la presunción relativa, tal como está hoy regulada (contrato escrito registrado, obligaciones delimitadas), no son suficientes, pero para conservar el estímulo a la pequeña y mediana empresa, la buena técnica exige perfeccionar el régimen, no eliminarlo”. El diputado solicitó que el proyecto de ley regresa a comisión parlamentaria para su análisis, considerando las objeciones señaladas. Calificó al proyecto en cuestión como “derogatorio” y responsable de la “fuente de sospecha sobre 170.000 emprendedores uruguayos sobre los que recaerán ingentes perjuicios e importantes costos, dejándolos a expensas de la voracidad recaudadora y sancionatoria del Estado”. En definitiva se solicitó que se planifique “un proceso de transición” antes de aprobar esta ley.