Representantes locales de la Asociación Nacional de Juegos de Entretenimiento (Anje) se mostraron partidarios de regular la actividad, pero discreparon con la idea de prohibirla. En tanto, los trabajadores de la sala de esparcimientos aseguran que las máquinas son nocivas socialmente y afectarán la recaudación del Estado.
En este momento, se maneja la idea de reflotar un proyecto presentado por el ex Presidente Tabaré Vázquez en julio de 2009 para sancionar penalmente a los responsables de los slots que funcionan en forma irregular en locales comerciales con tres a veinticuatro meses de prisión, sin contar las circunstancias agravantes que elevan el castigo.
Por otra parte, el director de Casinos, Javier Chá, pretende regular la actividad de las tragamonedas que se encuentran instalados en bares, cantinas y kioscos, mediante la fijación de impuestos y controles.
Las empresas que importan, arrienden o fabrican máquinas también preparan un proyecto, según el Dr. Mario González Álvarez, asesor de la asociación que agrupa a 70 empresas a nivel nacional, de las cuales tres o cuatro son de San José. Anje está más cerca de la postura de regular la actividad. Incluso, la asociación ha tratado de “autorregular” mediante un estatuto y un código de ética, dijo González a Primera Hora. Anje decidió limitar el número de máquinas por local, las identificó y colocó leyendas que aclaran sobre la prohibición para menores de 18 años de edad. El proyecto de esta organización marcaría un tope de cinco máquinas, según el tipo de comercio, controles y garantía de funcionamiento. El abogado dijo que hace 20 años que se importan máquinas sin limitaciones. Remarcó que la solución no es prohibir porque afectaría a miles de familias. El asesor reconoce que hay un crecimiento en el rubro por gente que “contamina” la actividad, pero sostuvo que establecer sanciones penales “no es favorable socialmente”.

Ilegal

Una postura diferente manejan los funcionarios de la sala de esparcimiento de San José, dependencia de la Dirección General de Casinos. Los trabajadores argumentan que ese organismo tiene 5.000 máquinas en 35 salas y genera 175 millones de dólares anuales que van a Rentas Generales para obras públicas y programas sociales. Aseguran que hay 22.000 tragamonedas ilegales que recaudan igual o más dinero.
Carlos Noya y Fernando García dijeron a Primera Hora que si se regulariza, el Estado perderá el monopolio del juego y entrará en un terreno de competencia desleal y sin garantías. Los funcionarios expresaron preocupación por la proliferación en clubes, “donde asisten menores a toda hora”.
Los delegados de los trabajadores han mantenido contactos con actores políticos locales para denunciar que las máquinas aparecen en kioscos, casas de familia, bares, almacenes, cantinas y sedes de clubes deportivos y sociales. Aseguran que este tipo de juego es imposible de controlar.
En San José no hay un censo que permita establecer el número de máquinas que funcionan en los comercios.