San José, Jueves 23 de Octubre del 2014, 06:16


| EN EL AFAN DE “ACLARAR”, SIN RESPONDER PREGUNTAS, SURGIERON MAS PREGUNTAS
No aclare que oscurece: Contradicciones e inconsistencias de Fundación Celebra la Vida
15.06.2012 | En la mañana del miércoles, la Fundación Celebra la Vida reunió a distintos medios de comunicación en la Junta Departamental para leer un documento de ocho páginas que pretendía aclarar la controvertida situación que involucra el proyecto papero del Centro de Recuperación Nº 2 ubicado junto al penal de Libertad.
Pablo Fernández
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La Fundación Celebra la Vida está en el ojo de la tormenta

El edil del Frente Amplio Jorge “Pipe” García en su calidad de Presidente de la Fundación y el secretario de esa organización, Héctor Alba, que además ostenta el cargo de “Coordinador General del Área Agropecuaria” de esa institución, fueron las voces cantantes en la conferencia convocada y donde no se admitieron preguntas de la prensa. De la simple lectura de la declaración se desprenden varios aspectos que desatan nuevas interrogantes, basadas, principalmente en las contradicciones que han ido surgiendo de los propios dichos públicos de los principales actores de esta polémica. Aquí algunos ejemplos, que por cuestiones de espacio dejan fuera lo relativo a la “papa semilla” ya cosechada, el pago de salario a los reclusos que trabajaron en tareas diferentes a la plantación; las tareas presuntamente realizadas por la Fundación recuperando maquinaria del Centro de Recuperación y varias temáticas más. En el texto leído hubo dos líneas argumentativas principales; por un lado la defensa de la gestión de la Fundación y por otro la desvinculación de responsabilidades. En franca actitud de deslindar responsabilidades, la Fundación Celebra la Vida argumentó contra el Ministerio y también en la gestión de productor que invirtió en el plantío papero, Antonio Antunez. En varios pasajes aluden al Ministerio del Interior y sus jerarcas. Definiendo la situación como “una mal entendido”, la explican por la falta de conocimiento y preocupación por informarse del Ministerio del Interior. Ese “desconocimiento” de las jerarquías ministeriales, según la Fundación, no solamente está ligado a que no se comprendió el proyecto sino también a la falta de interés en informarse sobre los trabajos que, supuestamente, la Fundación ha realizado en el centro de Recuperación Nº 2. “Esto se debe a no entender por parte de personas de ese Ministerio, lo que es un proyecto agrícola” dice un segmento de la declaración, pero además agregaron, refiriéndose a jerarquías del Ministerio: “Estamos hablando con interlocutores que no saben los que es un sistema productivo en rotación y cuáles son los tiempos biológicos”.Por si todo eso fuera poco, en otro pasaje señalan: “El gran problema, está en el desconocimiento por no haber venido a ver los trabajos, de quienes deben resolver, incluido en esto también al Sr Ministro” refiriéndose inequívocamente a Eduardo Bonomi. Pero en esta actitud de apuntar las responsabilidades hacia el Ministerio y sus jerarquías, también atribuyen tajantemente la controversia a la crisis que enfrentó el Ministerio del Interior ante los motines en el Penal de Libertad y el Comcar. “Indudablemente ha existido a nivel del Ministerio del Interior un mal entendido, que creemos propia de la situación por la que ha atravesado recientemente dicha cartera y es más, referida específicamente a la actividad carcelaria” expresa la declaración de la Fundación. Otro aspecto llamativo que desde la Fundación se desliza abiertamente, lo vinculan al traslado de casi 30 reclusos que estaban en el Centro de Recuperación, devolviéndolos a otro establecimiento carcelario. “Estos 27 reclusos fueron trasladados el lunes 14 a las 11 horas al Comcar, la intencionalidad es clara”. Obviamente, la decisión del traslado de reclusos corresponde al Ministerio del Interior a través de sus dependencias. Quedó claro el señalamiento de “intencionalidad” hacia el Ministerio que lanzó la Fundación, pero como no admitieron preguntas, la duda surge de qué motivaciones existen desde la cartera ministerial para esa “intencionalidad”. Otro pasaje curioso que aparece en la declaración es que los integrantes de la Fundación ya estaban al tanto que existía “desconfianza” sobre su trabajo. Haciendo referencia a presuntas expresiones del sub director de Centro de Recuperación, la declaración señala como importante que este funcionario “reconociera públicamente todo lo hecho y que la desconfianza que se tenía por parte de todos del trabajo de nuestra organización, había sido superada”.

“Trasladó obligación”. En esa declaración, la Fundación también transfiere responsabilidades, que originalmente le eran propias, al productor papero. Un detalle clave es que la Fundación surgió para procurar la rehabilitación de los reclusos mediante el trabajo y este aspecto fundamental es parte del compromiso asumido al firmar el convenio con el Ministerio, pero resulta que en la declaración pública leída por Alba, se indica que la organización presidida por García traspasó esa obligación a Antúnez. “Por su parte a texto expreso la Fundación Celebra la Vida en formación, trasladó al Productor, la obligación de emplear a Personas Privadas de Libertad (PPL)”. No solamente se “trasladó” esa “obligación”, sino que además admiten que fue el propio productor quien realizó las gestiones para poder contar con reclusos como mano de obra. Hay dos pasajes de la declaración con el mismo concepto, el primero de ellos dice: “Es así que a nuestro juicio el propio productor no ha encontrado la forma para procurar la mano de obra necesaria, Personas Privadas de Libertad, en cuanto el día 14 de mayo pasado se trasladaron 27 internos que se encontraban en la Unidad Número 2 del Penal de Libertad y precisamente eran quienes podrían haber sido empleados. Incluso nos consta que el productor antes del día 15 de mayo pasado realizó las solicitudes sin éxito”. En el segundo segmento donde, al parecer la responsabilidad de gestionar la autorización para que reclusos trabajen, recae sobre el productor, la Fundación deja entrever que en forma comedida decide realizar los trámites que no pudo lograr Antunez: “Tomado conocimiento por la Fundación de tal imposibilidad (designación de reclusos para trabajar en el proyecto papero) de parte del productor, la misma tomó la iniciativa como propia y realizó tales solicitudes de Personas Privadas de Libertad para trabajar y documentó tales solicitudes”. Nótese que la declaración dice que la Fundación tomó la “iniciativa como propia” de gestionar el trabajo de los presos, cuando en realidad lograr trabajo para los reclusos es uno de los objetivos neurálgicos, sino el principal, de esa Fundación. Es más, en esa misma declaración la Fundación recuerda que “el compromiso asumido era trabajo a los reclusos y justamente las notas enviadas y los trabajos que se hicieron, demuestran el fiel cumplimiento de lo acordado”. Recuérdese que cuando explotó la polémica, desde la Fundación se demoraron varias horas en concretar la respuesta de cuántos reclusos habían trabajado en el proyecto papero. Tras idas y venidas, finalmente Alba y García admitieron que “no trabajó ninguno”.

“No es una cuestión de la Fundación”. En el texto de ocho paginas, que ayer Primera Hora publicó en forma íntegra, hay otros aspectos relevantes que dejan al descubierto contradicciones serias o alteraciones conceptuales de los cometidos de la Fundación. Por ejemplo, en estas últimas semanas según versiones en medios de comunicación brindadas por los propios integrantes de la Fundación , se habló de que eran 66 las hectáreas sembradas con papa; después García y Alba – en nuevas entrevistas radiales – leyeron el supuesto “contrato agrario” firmado con Antúnez, donde figuraba que en realidad eran 60 las hectáreas cedidas. Posteriormente Primera Hora se entrevistó con Antúnez quien corrigió y dijo que no eran 66, sino 52 las hectáreas plantadas. Pero como toda una sorpresa, en la declaración difundida esta semana, ahora son 70 las hectáreas cedidas al productor. No solamente llaman la atención, las llamativas diferencias brindadas por los propios titulares de la Fundación, sino que además, indican que “no es una cuestión de la Fundación” lo que efectivamente haya plantado el productor. Inclusive, el comunicado de la Fundación Celebra la Vida se arroga el derecho de “aclarar” una contradicción en la superficie cedida al productor, que ellos mismos – García y Alba – provocaron. La declaración dice: “Aclaramos, por trascendidos, que se cedió al productor unas 70 hectáreas, precisamente delimitadas por un plano que mismo proporcionara el Ministerio del Interior a través de los técnicos de la unidad y que, lo que el productor efectivamente haya plantado en razón de caminería interna existente, cuestiones geográficas y topográficas, como por no afectar otros proyectos productivos de la Unidad, no es una cuestión propia de la fundación”. “Aclaramos, por trascendidos…” dice el comunicado de la Fundación, refiriéndose a declaraciones públicas de su presidente y secretario donde hablaron, primero de 66 hectáreas, después de 60 y finalmente de 70 hectáreas. La falta de precisión o la vaguedad en datos simples que deberían ser concretos, ha sido una constante en las declaraciones públicas de García y Alba. Así como en el segmento reproducido unas líneas más arriba dicen “unas 70 hectáreas” (¿podrían ser las 66 que originalmente decían o podrían ser 74?), más adelante en otro pasaje reafirman que son 70 hectáreas: “…la Fundación cedió parte del mismo, 70 de 218 hectáreas, a un productor agropecuario…”.

Controlados por una Comisión que no se constituyó. Otro aspecto interesante es observar la drástica inconsistencia de la argumentación que se usó desde la Fundación para minimizar la indagatoria que lleva adelante el Ministerio y que provocó la paralización del proyecto Celebra la Vida en el Centro de Recuperación. En varias oportunidades y a diferentes medios, se mencionó que existía una comisión especial que se encargaba de controlar el funcionamiento del proyecto, que tenía dos delegados del Ministerio. Según declararon oportunamente eso garantizaba la transparencia del trabajo efectuado. Sin embargo, en la declaración se admite, por primera vez en esta polémica, que en realidad esa Comisión no está constituida. Un fragmento de la declaración dice: “Además desde un primer momento se estableció la necesidad de crear una Comisión Especializada con integrantes del INR (Instituto Nacional de Rehabilitación) y de la Fundación. Faltando a la fecha la designación de los miembros del INR (…) Tómese en cuenta en el propio texto de los documentos firmados, establece a titulo expreso, la designación de personas con la misión, por parte del Ministerio, de controlar entre otras la cantidad de comisiones o sea de PPL trabajando y en qué tareas se involucraban. Nunca el Ministerio realizó tales designaciones. He aquí tal vez la causal fundamental que dio mérito a los posteriores malos entendidos”.










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