Si bien los detalles sobre el proceso aún son precarios ( y se pueden leer en otra página de esta publicación), la posibilidad de que se abra cualquier espacio de diálogo siempre es alentadora, independientemente de los resultados a los cuales se arribe finalmente.

Los tiempos no son fáciles. Ayer mismo el Instituto Nacional de Estadísticas, daba cuenta de un aumento en la tasa de desempleo que, si bien es preciso ponerlos en su correspondiente contexto, no hay que dejar de mencionar la disminución de la oferta de empleo, quizás como el dato más preocupante por el indicio que está señalando. Si las empresas comienzan a bajar la demanda de trabajadores y la oferta se mantiene o aumenta como es previsible, eso no sólo va a repercutir sobre las dificultades para conseguir nuevos trabajos, sino que además es probable que pueda afectar la calidad y los propios salarios. En consecuencia parece lógico que mantener las fuentes laborales abiertas es hoy un objetivo social de primer orden.

Y en ese desafío convergen distintas responsabilidades y actores. La de los propios empresarios que más allá de sus situaciones particulares y sus derechos como tales, creemos nosotros, tienen también una responsabilidad social, no en el sentido de marketing que se suele usar el concepto, sino por el rol que tienen dentro de la comunidad. Una obligación que no es jurídica, pero que es el resultado del compromiso con el entorno que de alguna manera todo aquel que encabeza un emprendimiento colectivo adquiere y que, porque no decirlo, condiciona frecuentemente la voluntad personal.

De la misma forma hay que hablar de las responsabilidades en la conducción sindical. El sindicato es un instrumento incuestionable de cualquier sociedad abierta y democrática, pero el uso de su fuerza debe estar al servicio de la defensa racional de los derechos del trabajadores en un marco de reconocimiento mutuo, donde ambas partes se vinculan respetuosamente. Asegurar, en la medida de las posibilidades objetivas, las fuentes de trabajo debería ser una prioridad de primer orden y que ambas partes en conflicto deberían compartir. Si en ese punto hubiera un acuerdo, la intervención del estado debería servir para fortalecer ese camino.