El planteo del gobierno apunta a convertir en delito la explotación de máquinas similares a slots en clubes, bares y cantinas. Gabriel Romero, integrante de la asociación, importador y distribuidor de equipos, dijo a Primera Hora que en el departamento de San José entre 150 y 200 familias viven de esta actividad, básicamente vinculadas a bares y almacenes de distintas localidades.
Los empresarios hicieron circular un documento elaborado por la asociación con los argumentos de los operadores de los juegos de azar (ver página 3 de la edición del lunes 3 de agosto). Denuncian que el proyecto de ley crea un nuevo delito por juego de azar con la finalidad de “prohibir el trabajo a los empresarios y comerciantes que desde hace 20 años abonan derechos para importar, arrendar, comprar o vender las máquinas de entretenimiento similares a slots”.
El comunicado agrega que “los empresarios y comerciantes han pagado durante 20 años los permisos para importar estas máquinas; han abonado los aportes al BPS por parte de la empresa y de los trabajadores que emplean”.
Agrega que “los procesos judiciales por denuncias de la Dirección de Casinos contra esta actividad desarrollada han terminado con el archivo de la misma por falta de fundamento en el 95 % de los casos”. Además, hay malestar porque la ley “habla falsamente de máquinas clandestinas, ilegales, irregulares”. La asociación vinculó el asunto al anuncio de que capitales extranjeros licitarán casi 30 casinos en Uruguay.

Archivo

Romero expresó ayer su beneplácito al trascender a nivel nacional que el proyecto no sería incluido en la nómina de prioridades para lo que queda de la actual administración legislativa, puesto que solo restan diez sesiones ordinarias. Incluso, se maneja que la iniciativa puede ser archivada. El integrante de la asociación dijo que esa decisión puede estar vinculada a la movilización y gestiones realizadas ante el propio oficialismo en las últimas semanas.

Menores

Los empresarios aseguran que aportan IVA por arrendamientos y por compraventas de estos equipos y pagan una tasa de espectáculos públicos que cobra Inau por controlar que no jueguen menores. Romero aseguró que las sanciones actuales llegan a los 20.000 pesos uruguayos si se constatan adolescentes jugando con los slots. Aseguró que es una responsabilidad que deben asumir los operadores y que el Inau debe inspeccionar.
Con respecto a recientes denuncias por estos temas en San José, el vocero expresó que los chiquilines tienen fácil acceso a otros juegos sin control, como las “raspaditas”.