Ante los últimos casos de violencia de género

Ayer el ministro del Interior, Eduardo Bonomi reconoció que la muerte de Valeria Sosa no se evitó por “una falla policial” (ver noticia en columna aparte). Como es sabido la mujer murió a manos de un policía, su ex pareja, que la mató con el arma de reglamento. Valeria había denunciado su situación en noviembre del año 2015, pero a pesar de eso no se le había retirado el arma al policía como indica el procedimiento en esos casos. Un dato que se conoció el viernes pasado, indica que entre los funcionarios policiales se retiraron sólo en el año 2016, 489 armas por denuncias de violencia doméstica, lo que evidencia un problema grave dentro de la institución. Si se tiene en cuenta que en la Policía uruguaya trabajan alrededor de 30.000 efectivos y se les retiró el arma de reglamento por problemas de violencia doméstica a más del 1,5%, estamos realmente ante una situación que tiene que ser abordada con urgencia. Esto no quiere decir que el problema sea exclusivamente de la Policía. Claramente que no. Los uruguayos como sociedad tenemos un gravísimo problema con la violencia de género, hecho que es cultural y que atraviesa horizontalmente a toda la comunidad pero, cuando hablamos de la Policía, nos estamos refiriendo a la organización que tiene justamente tiene entre sus cometidos principales combatir y prevenir este tipo de manifestaciones violentas. Por lo tanto esto merece un abordaje particular, hacia la interna de la institución.

Ese es un enfoque donde el Ministerio del Interior tendrá que hacer sus máximos esfuerzos porque de esta forma no está dando las garantías suficientes a la sociedad y a las víctimas que debe proteger. ¿Qué seguridad puede tener una mujer que va a denunciar un acto de agresión hacia su persona, si la puerta de entrada de su denuncia en la mayoría de los casos, es una comisaria donde hay una probabilidad que su caso lo reciba un funcionario que, al menos, no va a entender su problema? Estamos hablando en general, no interprete el lector que nos referimos a San José donde al menos en las comisarías especializadas, sabemos que hay funcionarios sensibles y preparados para atender el asunto. ¿Pero qué pasa si el hecho ocurre fuera de esas jurisdicciones especializadas? Es notorio que el Ministerio tiene que realizar una tarea de capacitación y sensibilización que abarque a toda la institución, empezando por sus cuadros superiores, atendiendo la lógica de una organización vertical aunque el problema no lo sea.

Por supuesto que esto no termina en las fronteras de la Policía. Enfatizamos la importancia de esta institución por lo ya señalado, pero es momento de que el Estado y todas sus organizaciones tenga un papel cultural más decidido frente a la violencia de género. Es necesario no sólo trabajar en cada colectivo organizacional donde el Estado abarca a ciento de miles de personas, sino sobre todo en la comunicación masiva. Si estamos todos de acuerdo en el diagnóstico de que enfrentamos un problemas con profundas raíces culturales, propias de una sociedad con pautas de dominación sobre la mujer que en muchos casos se manifiesta de manera extrema como hemos visto, hay que tratar de interpelar el discurso de control y de poder del hombre con mensajes que confronten ese discurso establecido y que apunten a ir modificando conductas desde la conciencia del problema propio. Hay que apuntar a desconstruir las pautas sobre las cuales se asientan las conductas sociales violentas apelando a las herramientas de la comunicación. Creemos que una campaña masiva de larga duración y bien articulada con lo institucional (el ejemplo de lo que se ha hecho con el tránsito debería ser útil al respecto), podría ser razonablemente efectiva ante la gravedad que ha adquirido este tipo de violencia.

 

(Editorial del diario Primera Hora publicado el martes 7 de febrero de 2017)