Primera Hora

El avión, el avión…

Presidencia de la República ha decidido avanzar en la compra de un avión presidencial a pesar de todo. Lamentable decisión de un gobierno que está cada día más encerrado y alejado del sentir y pensar de la gente.

En efecto, la compra del avión presidencial se realiza a pesar de observaciones muy serias formuladas por el Tribunal de Cuentas. El contenido de la objeción de este organismo de contralor refiere a que el procedimiento competitivo aplicado estableció en la definición de los criterios de selección, un conjunto de condiciones que determinaron que hubiera una sola oferta y que la misma coincide con el avión que había sido ofrecido en primera instancia mediante compra directa, lo que había sido obviamente cuestionado jurídicamente.

El cuestionamiento del Tribunal de Cuentas no es poca cosa, se trata de un cuestionamiento directo a la transparencia del proceso. Se trata de un cuestionamiento dirigido a la falta de ecuanimidad en el proceso de definición de las ofertas. Es muy grave.

El mamarracho es aún mayor porque Presidencia de la República fundamentó la persistencia en la compra, contra el dictamen del Tribunal de Cuentas, en una evaluación favorable que emitió la Fiscalía de Gobierno (como si esta tuviera algún papel jerárquico con respecto al dictamen). Para el común de la ciudadanía la noticia se expresó señalando que las observaciones del Tribunal de Cuentas habrían sido levantadas por el dictamen de la Fiscalía de Gobierno. Así dicho sonaba importante y racional. Sin embargo, la verdad de los hechos es que los fallos del Tribunal de Cuentas son soberanos y no admiten ningún recurso ni corrección que lo reviertan.

Es más, para que quede claro, las Fiscalías de Gobierno son órganos de asesoramiento a la Presidencia de la República, pero no tienen ninguna competencia decisional. Son, en definitiva, equivalentes a las asesorías jurídicas de los Ministerios o de los Entes Autónomos. Sus opiniones no tienen otro valor jurídico que el de una opinión, en este caso ni siquiera avalada por un jerarca de carrera jurisdiccional. Algunos han confundido a la Fiscalía de Gobierno con la Fiscalía de Corte; pues no, ni siquiera tienen la equivalencia jurisdiccional de un Fiscal Letrado.

Por otra parte, a los Fiscales de Gobierno los designa de manera directa el propio Poder Ejecutivo.

En fin, lo cierto es que mediante la referencia al dictamen de un Fiscal de Gobierno, Presidencia decidió avanzar con esta compra irregular y contraria a derecho.

Pero, además, de su irregularidad jurídica, la compra del avión presidencial denota una insólita insensibilidad del Presidente de la República con respecto a la situación y coyuntura del país. Es increíble que en medio de un conjunto de medidas de ajuste fiscal que implican aumento de impuestos y tarifas públicas que el gobierno ha justificado en la urgente necesidad de obtener ingresos por parte del Estado y en un momento de alto déficit fiscal (3.6% del PBI), donde la actuación del Poder Ejecutivo parece guiarse por el principio de que “cualquier monedita sirve” y que “hay que rascar hasta el fondo de la lata”; se resuelve avanzar con un gasto a todas luces superfluo y postergable para que el Presidente tenga su avión presidencial.

El debate de fondo sobre la necesidad de que nuestro país tenga un avión presidencial puede ser de recibo. Sin embargo, es muy chocante que este debate se produzca en el mismo momento en que nuestro país muestra un enorme atraso en la dotación de su flota aérea militar y en su capacidad de proteger nuestro espacio aéreo nacional. Resulta muy difícil de entender esta disociación entre una necesidad de poco relieve y valor frente a tantas carencias y necesidades en asuntos mucho más relevantes. Porque un millón de dólares es siempre un millón de dólares.

Pero, además, según la información que circula, la compra parece ser ruinosa desde el punto de vista de la calidad del avión elegido. En efecto, se indica que el mentado avión es muy antiguo y tiene poca vida útil por delante.

En síntesis, un desastre completo. El gobierno inaugura el año 2017 con aumento de impuestos y tarifas para todos los uruguayos, pero al mismo tiempo se hace un “gusto personal” comprándose un avión en base a procedimientos irregulares, eligiéndolo a dedo, viejo y caro. Buen comienzo, ¿no?

(*) El autor es senador del Partido Independiente