Fiscalía apelará fallo judicial del caso Petre-Bonnahón

El Ministerio Público apelará el fallo de primera instancia que dispuso el archivo de las actuaciones enmarcadas en la investigación de los gastos en la Junta Departamental durante 2013 y 2014.

La fiscal Reneé Primiceri apelará la sentencia de primera instancia que no hizo lugar al pedido de procesamiento por abuso de funciones para el ex-presidente de la Junta, Nelson Petre, y el ex-secretario general Alexis Bonnahón. El caso seguirá ahora en un tribunal de alzada en materia Penal de Montevideo, el que resolverá sobre el dictamen conocido el viernes.

El fallo de la jueza Marcela Sena concluyó que si bien la gestión fue “desprolija, descuidada o displicente”, no surgieron elementos de prueba suficiente para determinar delito y dispuso el archivo del caso.

Consultada por Primera Hora, Primiceri confirmó que mantendrá los fundamentos que figuran en la solicitud de procesamiento y no incorporará nuevos elementos. La representante del Ministerio Público trabajará sobre el expediente en estos días para elaborar el escrito de apelación que llegará a la sede judicial, desde donde se dará traslado a los acusados.

En su dictamen de junio, Primiceri argumentó el pedido de procesamiento en “un despreocupado manejo de los dineros públicos y una falta de transparencia en la actuación” de Petre y Bonnahón. Definió los actos de los indagados como “arbitrarios” y “contrarios a las normas de la buena administración”.

La Fiscalía recogió conclusiones de la auditoría del Tribunal de Cuentas sobre los rubros excedidos durante la gestión y “el manejo discrecional en favor de terceros del dinero de la Junta”. La fiscal también recurrió a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) para determinar que Petre y Bonnahón vulneraron la ley 17.060 (Anticorrupción). El informe del organismo encontró “varios y graves apartamientos de la normativa vigente en materia de administración financiera en referencia al manejo de los fondos presupuestales de la Junta y la violación de distintos principios de conducta a los que se encuentran sometidos los funcionarios públicos”.