ISJ resolvió destitución de funcionarios procesados por maniobra con licencias

La ISJ resolvió la destitución de los tres funcionarios procesados con prisión en el marco de la investigación por irregularidades en la emisión de licencias de conducir. El expediente pasará a la Junta Departamental, organismo que tiene la última palabra.

Culminó el sumario iniciado en noviembre del año pasado a los tres funcionarios vinculados a la Dirección de Tránsito que fueran procesados con prisión por un delito de asociación para delinquir. El informe del Departamento Jurídico de la comuna recomendó la destitución y el Ejecutivo emitió una resolución en esa línea.

La legislación nacional habilita a solicitar la desvinculación en los casos de “sometimiento a la Justicia Penal de un funcionario o de condena ejecutoriada”. En este caso, aún no hay condena penal pero la administración entendió que corresponde la sanción, ya que se demostró que los trabajadores atentaron con su conducta contra la propia ISJ.

El sumario había comenzado luego de que se confirmara el procesamiento de los empleados por su vinculación en la emisión de licencias de conducir sin exigir pruebas (teóricas o prácticas) y a cambio de dinero.

La resolución del Ejecutivo fue notificada esta semana a dos de los empleados que recobraron la libertad y resta concretar la comunicación oficial al tercero, aún recluido en Canelones. Los procesados tienen un plazo de diez días corridos para recurrir (interponer un recurso contra el dictamen). Una vez que culmine el proceso administrativo, el tema llegará a la Junta Departamental. El legislativo tendrá la última palabra y deberá confirmar la destitución. La Junta tendrá 40 días para expedirse, a partir de la llegada del oficio y de no hacerlo, la destitución se considerará ejecutoriada.

Más allá de la destitución, los funcionarios no perderían los aportes jubilatorios. Según pudo saber Primera Hora, la resolución no se pronuncia sobre el tema. El Área Jurídica entendió que el punto no es competencia de la ISJ, por lo que los trabajadores mantendrían los aportes de cara a un eventual proceso jubilatorio.

LA MANIOBRA

La investigación judicial comenzó en junio del año pasado en Canelones tras una denuncia de la Dirección de Tránsito de ese departamento. La indagatoria permitió confirmar que los cabecillas de la organización derivaban aspirantes a obtener la licencia a dependencias de Canelones y San José. A nivel local, el auto de procesamiento estableció que el jefe de inspectores J.C.L.M. de 64 años hacía los arreglos para encaminar los trámites fraudulentos.

Los otros dos funcionarios -C.M.F.B. de 40 años y J.E.R.C. de 43- se desempañaban como inspectores en el área de emisión de las licencias. Los empleados recibían dinero para facilitar las licencias, eludiendo las pruebas teóricas y prácticas. Como contrapartida, los inspectores obtenían “una bonificación” que iba desde los $ 1000 a $ 8000, dependiendo del tipo de vehículo.

Los tres fueron procesados con prisión por asociación para delinquir en calidad de autores, en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de cohecho calificado.