Junta Departamental y defensa del consumidor

La idiosincrasia de nuestra sociedad occidental presenta un consumo masivo de bienes y servicios. En una sociedad con estas características predominan los negocios en masa, los contratos de adhesión (contratos donde los vecinos no pueden discutir el precio, firman o no hay acuerdo) por ejemplo los contratos que uno pueda tener con OSE, UTE, televisión por cable, tarjetas de crédito, etc.

Por otra parte, los proveedores alientan mediante el bombardeo de información la compra de productos y servicios, creando así nuevas necesidades en el consumidor, reales o instaladas. A lo dicho, se suma la influencia de las nuevas tecnologías en las relaciones de consumo, lo que posibilita que consumidor y proveedor puedan vincularse a distancia a través de medios electrónicos, mercadolibre, e- bay, etc.

Debe decirse que en el Uruguay se encuentra vigente la ley nº 17.250 del año 2000, reglamentada por el decreto 244/00, que justamente regula estas relaciones de consumo, y como indica una especialista en la temática, la Dra. Dora Szafir, “…la finalidad de la ley es proteger al consumidor, pero sin desequilibrar la relación de consumo. Su fin ulterior es sancionar a aquellos proveedores que al actuar en forma deshonesta, abusiva, o engañosa con los consumidores, compiten en forma desleal con sus iguales captando mediante estratagemas el mercado de consumo…”

La mencionada norma regula entre otros aspectos, los derechos de los consumidores de bienes y servicios, establece las obligaciones de los proveedores, atiende a las prácticas abusivas en la oferta, la publicidad engañosa, las claúsulas abusivas en los contratos de adhesión, reglamenta la cuestión de los vicios de la cosa o el servicio, y los daños que esto pudiera ocasionar. En el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas, funciona el área de defensa del consumidor, creada por la ley de presupuesto nacional nº 16.736 de enero de 1996, dentro del área de la Unidad Ejecutora Dirección Nacional de Comercio. Según su ley de creación, la referida área tiene por cometidos administrar y ejecutar planes y programas relativos al seguimiento, difusión y cumplimiento de normativa vigente referente a las relaciones del consumo, y de informaciones de interés para el consumidor.

El día viernes 3 de marzo del año 2017, en virtud de un planteo realizado en la Junta Departamental de San José por el Edil Departamental Diego MARIÑO BEDECARRATS, ediles integrantes de la Comisión Asesora de Descentralización Desarrollo y Agro y de la Comisión Asesora de DDHH de la Corporación mantuvieron reunión con la encargada del Área de Defensa del Consumidor Esc. Ana María Sánchez a fin de lograr en nuestro departamento la instalación de una oficina permanente de “Defensa del Consumidor”. El acercamiento fue muy positivo y fructífero, habiendo tendido las primeras líneas para transitar el camino hacia la concreción de esta iniciativa.

Posteriormente ambas Comisiones Asesoras de la Junta Departamental mantuvieron una reunión con el Intendente Falero donde se le transmitió ésta visión que venía trabajando la Junta Departamental, sabiendo todos de antemano, que la única posibilidad de contar con una oficina en nuestro departamento era a través de la concreción de un convenio entre la Intendencia y el Ministerio de Economía y Finanzas.

El Intendente recibió el planteo con beneplácito indicando asimismo que en función del camino recorrido por la Junta Departamental se buscaría desde la Intendencia iniciar contactos con el Ministerio referido para instalar en San José la oficina de Defensa del Consumidor, la que en ese momento señaló funcionará en el -edificio Marín- en la órbita de la dirección de desarrollo de la ISJ. La visión, la idea y la acción iniciada por la Junta Departamental de San José, ha cristalizado el pasado miércoles 21 de febrero de 2018, donde finalmente –conferencia de prensa mediante- se firmó el acuerdo por el cual nacerá un ámbito de protección de los consumidores en SAN JOSÉ. Son buenas noticias. 

(Columna publicada el viernes 23/8)