Mortalidad materna: ¿Nos importa?

El 2017 comenzó con una gran noticia para el país: Uruguay es el país con menor mortalidad materna de Latinoamérica.

Al leerla no pude menos que sonreír y pensar en todas esas luchas de mujeres que me antecedieron. Lo estamos logrando, todavía falta, pero este es el camino. Lástima que lo vi en un solo medio de prensa.

La noticia de La Diaria (3.01.2017) refería a la publicación internacional Gynecology Obstetrics a partir de datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El primer comentario que surge es que esto no es por casualidad, sino que tiene que ver con leyes y políticas públicas que se instalaron vinculadas a reducir los riesgos de un aborto. La Ley Nº 18.426 de 2008: Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva que comenzó a trabajar en la reducción de riesgo y daño, y luego la Ley Nº 18.987 del año 2012 de Interrupción voluntaria del embarazo.

A su vez, estas leyes y políticas no se hubieran impulsado sin el trabajo de muchas mujeres organizadas que vienen bregando por nuestros derechos desde hace décadas. Las asociaciones de mujeres colocaron en la agenda pública, el tema del aborto en condiciones clandestinas que provoca la muerte innecesaria de mujeres. Hubo un gobierno que tomó la posta y no sin discusión -mucha y dura -, se han puesto en marcha.

¿Se acuerdan de los debates? ¿De la indignación de algunos sectores de la población sobre estas leyes? ¿De la objeción de conciencia de algunos profesionales de la salud?

Esto son escollos que hay que salvar: los derechos de unas y de otros. Garantizar el acceso de las mujeres a interrumpir el embarazo en condiciones seguras todavía no es para todas en todo el territorio uruguayo. Hace menos de un año, en febrero de 2016, en Maldonado moría una joven de 21 años a causa de un aborto clandestino.

Pero para mí el razonamiento es simple: si usted no quiere abortar no lo haga, pero no se interponga para que el Estado dé las garantías para realizar un aborto en condiciones de seguridad a las mujeres que quieran. Porque no nos engañemos, las prácticas de los abortos son tan viejas como la historia de la humanidad. ¿No le contaron de niña alguna historia oculta de la familia? ¿O esas leyendas del vecindario? ¿O el médico aquel al que le llamaban “abortero”?

El tema es que antes las mujeres que tenían para pagar un aborto con un profesional, lo hacían; e incluso podían trasladarse a otra ciudad para que en el pueblo no se supiera. Sin embargo, quienes no tenían el dinero buscaban una “solución” con una amiga, una curandera del barrio o ellas solas trataban de hacer algo por los métodos más dolorosos y riesgosos. A veces, al llegar a un centro de salud ya era tarde o las consecuencias irreversibles.

Todas conocemos alguna historia.

Las leyes que mencioné antes han permitido que las muertes por aborto como causa principal de la mortalidad materna bajaran de 37,5% en el período 2001-2005 a 8,1% en 2011-2015. Es bastante – no suficiente- pero no dejo de pensar en todas esas mujeres que murieron por no tener leyes y procedimientos que las protegieran.

Nos queda quitarnos los prejuicios, no juzgar e intentar que todas las mujeres que estén pensando hoy interrumpir su embarazo puedan hacerlo en los tiempos y formas que nos marcan las leyes que tenemos. Nos queda seguir informando y educando para acompañar mejor esas situaciones porque imagino que no es una experiencia que ninguna mujer desee.

En definitiva, nos queda seguir previniendo muertes evitables de mujeres –otras, además de las asesinadas por su parejas o ex parejas- en este caso por prácticas no seguras de abortos. Nos debería importar y mucho.

Edila Ana Gabriela Fernández. Frente Amplio – Casa Grande. Actriz egresada de la EMAD y Educadora Social. Doctoranda en estudios de Género en la Universidad de Oviedo. Docente e investigadora en el Programa Género y Cultura de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).