Piden inconstitucionalidad para Ley de Colonización a partir de caso de Kiyú

La situación de un productor familiar de Kiyú que hace nueve años viene resistiéndose a ser desalojado por el Instituto Nacional de Colonización (INC), llevó a que a nivel judicial se presentara un recurso para declarar inconstitucional a la ley que rige al organismo.

La iniciativa es promovida por el Dr. Oscar López Goldaracena (foto), patrocinante de Gabriel Arrieta, colono instalado en La Guitarra (Kiyú) en un predio que hoy le reclama el INC.

“Hemos planteado la inconstitucionalidad de la Ley del INC en lo que refiere a sus potestades para rescindir los contratos unilateralemente y al mismo tiempo cuando recurre a la vía judicial en función de esa previa rescisión. Tenemos un INC que es juez y parte al mismo tiempo. Aquí se está violando el principio constitucional de igualdad y el derecho al debido proceso, por eso lo primero que pedimos al juzgado es que resuelva la inconstitucionalidad, para lo cual debe suspender el procedimiento de desalojo y remitir el expediente a la Supera Corte de Justicia”; explicó López Goldaracena.

De acuerdo al letrado, el caso “peculiar” de Arrieta trasciende lo particular y es un tema “de interés general” para todos los colonos, ya que con éste están en juegos sus garantías como tales. “Queremos que el INC no tenga prerrogativas que violen la Constitución”; aclaró.

SITUACIÓN INDEFINIDA

Desde hace nueve años, Arrieta vive con su familia en un campo de 35 hás. ubicado en la La Guitarra (Kiyú), en donde se dedica a la producción ovina y de forraje para los tamberos de la zona. Llegó ocupando como integrante de la otrora Cooperativa “12 de Mayo”. Luego de que fallara la iniciativa, en 2013 el INC resolvió que dicha fracción le sea devuelta para lo cual comenzó una negociación con el productor.

“Hace nueve años que estoy instalado con mi familia en ese campo, no veo para qué salir y traer a otro colono cuando ya hay uno. El INC me ha reconocido la calidad de tal al ofrecerme campos -que agronómicamente no servían- en otro departamento, también me he presentado a varios llamados en la zona, por eso no se entiende para qué quieren sacarme”; argumentó Arrieta.

El productor reconoció sentirse “en la indefinición total”, al punto que vive con su familia en un viejo ómnibus que colocó en el predio, ya que “hasta que no se decida mi situación no puedo construir una vivienda o hacer un encierro para animales”; acotó.

Sobre el particular, su abogado insistió que su defendido debe ser regularizado por el organismo, habida cuenta que -a su entender- podría tratarse de un caso de violación de derechos humanos.

“Esta es una persona que está en el campo desde hace cerca de 10 años. Acá se da el principio de radicación, porque la persona está explotando el campo aunque no puede proyectar una estabilidad ni siquiera a corto plazo porque es rehén de lo que defina el INC. Se tuvo que recurrir al INDDHH que en mayo emitió un dictamen contundente, por el cual frente a estos casos el Estado tiene la obligación de arbitrar mecanismos rápidos de solución; y habrá que ver si esto no indica que acá hay una violación de derechos humanos económicos y sociales”; sentenció.